-New York Times-

Casi 200 mil personas de El Salvador que tenían permiso de vivir en Estados Unidos por más de una década deberán irse del país, anunciaron ayer funcionarios del gobierno estadounidense.

Los salvadoreños tendrán hasta septiembre de 2019 para abandonar el país o enfrentar la deportación.

Es el revés más reciente de la administración de Donald Trump en materia migratoria y una de las que más consecuencias podría tener.

Los funcionarios del Departamento estadounidense de Seguridad Nacional dijeron que el gobierno dará por terminado el programa humanitario conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para los salvadoreños, que podían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos después de que hubo dos terremotos mortíferos en El Salvador en 2001.

Los salvadoreños son por mucho el grupo más numeroso de migrantes beneficiados por el TPS, que los protegía de ser deportados si habían llegado sin papeles a Estados Unidos.

Esta decisión se tomó justo semanas después de que más de 45 mil haitianos –el segundo grupo más grande– perdieron la protección que obtuvieron después del terremoto de 2010 en esa nación caribeña.

Parece que otros beneficiarios del programa, los hondureños, también perderán sus beneficios después de una extensión temporal. El año pasado, los nicaragüenses dejaron de ser acreedores a la protección.

En los días previos al anuncio, los defensores de migrantes y el gobierno de El Salvador solicitaron a Estados Unidos que extendiera el programa, como lo hizo varias veces desde 2001, con el argumento de que la situación en El Salvador aún es grave.

Los salvadoreños y sus empleadores en California, Texas y Virginia, entre otros estados, expresaron su temor a que esta fuera la decisión de la Casa Blanca.

“Teníamos la esperanza de que si trabajábamos duro, pagábamos impuestos y no nos metíamos en problemas, nos permitirían quedarnos”, dijo Verónica Lagunas, una salvadoreña de 39 años que trabaja en el turno nocturno limpiando oficinas en Los Ángeles, es madre de dos hijos que nacieron en Estados Unidos y vive en un hogar remolque.

Sin embargo, el gobierno de Trump está abocado a frenar la migración tanto legal como ilegal. Un ejemplo de ello es la revocación de la protección para 800 mil jóvenes migrantes conocidos como dreamers a partir de marzo, a menos que el congreso les dé un estatus legal antes.

El gobierno estadounidense dice que, a pesar de su nombre, el programa de Estatus de Protección Temporal se había convertido en un beneficio seudopermanente para cientos de miles de personas.

El fin de la protección de salvadoreños, haitianos y nicaragüenses deja a menos de 100 mil personas con TPS, programa que fue instituido por el expresidente George Bush en 1990.

Este programa ofrece a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otro disturbio, que ya están en Estados Unidos, un estatus provisional de legalidad. También les permite trabajar, sin importar si entraron al país legal o ilegalmente.

La persona a cargo de Seguridad Nacional es quien decide cuándo un país puede ser beneficiario y si renueva el permiso durante seis, doce o dieciocho meses.